China ha implementado nuevas y estrictas regulaciones que impactan directamente a los científicos españoles interesados en llevar a cabo proyectos de investigación dentro de sus fronteras. A partir de ahora, la duración máxima permitida para su estancia en el país se ha fijado en un estricto período de 30 días.
Exceder este plazo establecido no solo clasifica automáticamente al investigador como infractor de la normativa, sino que también conlleva la imposición de sanciones administrativas significativas. Estas medidas punitivas pueden tener graves repercusiones, poniendo en riesgo tanto su permanencia actual en el país como sus posibilidades de futuras visitas o colaboraciones académicas.